Una vez más las mujeres fuimos excluidas del presupuesto nacional

Las organizaciones y mujeres que conformamos la Concertación Feminista Prudencia Ayala, consideramos que el actual Presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa refuerz la situación de desigualdad que vivimos las mujeres e invisibiliza nuestros derechos como ciudadanas. Para el año 2009, el presupuesto será de $3,627,837,300 de los cuales sólo $17,301,105 se han destinado para las mujeres, un aproximado de $0.50 al mes para cada una. Sin embargo, como mujeres tenemos problemas específicos y graves, que son fruto de la opresión hacia nosotras, entre los que podemos mencionar.

Violencia: Según datos de Medicina Legal, desde 1999 más de 13 mil mujeres han sido asesinadas, torturadas, violadas y desaparecidas. Muchos de estos delitos han quedado en la impunidad por falta de pruebas. Sin embargo dentro del Presupuesto lo asignado al rubro de "Peritaje" que sirve para recoger y estudiar pruebas de delitos, entre ellos los delitos sexuales y de paternidad irresponsable, corresponde sólo al 4% del presupuesto total del Órgano Judicial. Mientras que el presupuesto de defensa asciende a más de 130 millones, a pesar de que el país no tiene amenaza de guerra.

Salud: Las principales causas de muerte de las mujeres son el cáncer de mama y cérvico uterino, sin embargo en el sistema público de salud sólo hay un mamógrafo de acceso gratuito. En cuanto a la tasa de mortalidad materna en El Salvador es de 171 mujeres por 1,000 nacidas y nacidos vivos, lo que no es extraño si tenemos en cuenta que, el presupuesto destinado específicamente a la atención reproductiva asciende a 9 millones 63 mil 735 dólares, con lo que sólo se pueden atender de manera precaria al 14% de los 101,509 partos nacidos/as vivos/as (según datos del Censo 2007) mientras que el área de comunicaciones de la presidencia cuenta con más de 7 millones de dólares.

Educación: El presupuesto destinado para alfabetización de personas adultas es de 3 millones 638 mil 865 dólares, y según el último censo de población, existen 712 mil 727 personas analfabetas, de las cuales el 39% son hombres y 61 % son mujeres. Si dividimos equitativamente el presupuesto, a las mujeres les corresponde 5 dólares anuales para cada mujer analfabeta. Sin embargo, el gobierno se permite destinar 22 millones 866 mil 200 dólares a instituciones educativas privadas.

Economía: según el PNUD, si se contabilizara el trabajo doméstico que realizan las mujeres, este alcanzaría el 32% del PIB. Es decir que el Estado se ahorra 5 mil 436 millones de dólares al año cargando a las mujeres con las tareas reproductivas, sin que haya políticas de compensación o alivio; por el contrario, las políticas públicas más famosas del Estado, como la Red Solidaria, se sustentan en este aporte que las mujeres dan al cuido del hogar.

POR TANTO, DEMANDAMOS:

1. Garantizar un Programa de atención integral para las mujeres en situación de violencia, que incluya que la PNC, Fiscalía y Órgano Judicial cuenten con los recursos necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
2. Dotar de 5 mamógrafos al Hospital de Maternidad y un mamógrafo para cada hospital departamental.
3. Destinar recursos para disminuir los índices de analfabetismo en el país, principalmente las brechas existentes entre mujeres y hombres.
4. Que el FOSOFAMILIA trabaje en función de la aplicación de políticas crediticias favorables a la incorporación de las mujeres a las actividades económicas.
5. Aumentar el gasto social del Estado en un 13% del PIB y distribuirlo especialmente en aquellas áreas relacionadas con el trabajo reproductivo (cuido de ancianos y discapacitados, acceso al agua, centros de desarrollo infantil) para disminuir la carga de trabajo doméstico que realizan las mujeres.
6. Exigimos que el gasto en Comunicaciones de la Presidencia se destine a hacer campañas que promuevan una sociedad más democrática, a través de la igualdad entre hombres y mujeres.
7. Que el ISDEMU retome su papel de rector de la Política Nacional de la Mujer, garantizando que el Presupuesto General del Estado se elabore desde una perspectiva de género.

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