San Salvador, 22 de marzo 2010
Al concluir los tres días de la visita de seguimiento a El Salvador, que fue visitado en el 2004* por su mandato, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, hizo las siguientes declaraciones:
“De entrada, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al Gobierno de El Salvador por la plena cooperación que me ha brindado. Doy las gracias a mis interlocutores, incluyendo a los funcionarios del Estado, representantes de la sociedad civil, representantes de los organismos de Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales. También estoy especialmente agradecida a las víctimas y los familiares de víctimas de violencia que compartieron sus experiencias personales conmigo.
El objetivo de esta visita, que tiene lugar seis años después de la realizada por mi mandato en el 2004, era examinar el progreso logrado en las recomendaciones formuladas en el informe de la visita anterior y analizar la situación actual de la violencia contra la mujer y la respuesta del Estado para hacer frente a este tipo de violencia.
Si bien reconozco que este Gobierno llegó al poder hace menos de un año, El Salvador ha recorrido un largo camino en la creación de instituciones y la protección de los derechos humanos desde 1992, cuando terminó la guerra civil que duró doce años. Al adherirse a numerosos tratados internacionales de derechos humanos, El Salvador ha demostrado su compromiso por ubicar los derechos humanos en el centro de sus políticas, legislación e instituciones. Esta postura ha sido reiterada por numerosos funcionarios del Estado durante mi misión.
En el área de la violencia contra la mujer, en mis conversaciones se vislumbra la intención del Gobierno de cumplir con sus obligaciones de diligencia debida en la esfera de los derechos humanos tanto a nivel regional como internacional. Indicador de ello son las actuales propuestas de reforma legislativa en el área de la violencia contra la mujer, la igualdad de oportunidades y la promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. En lo que respecta a los instrumentos internacionales, los debates que están teniendo lugar sobre el Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Tratado de Roma también demuestran esta voluntad.
Sin embargo, aunque felicito al Gobierno por estas iniciativas, me preocupan las dificultades significativas que persisten en el área de la violencia contra las mujeres y las niñas. Como señala el informe de mi predecesora, “[…] el hecho de que las autoridades no investiguen, enjuicien y castiguen a los responsables de actos de violencia contra la mujer ha contribuido a crear un clima de impunidad, que se ha traducido en una escasa confianza en el sistema de justicia. La impunidad de los delitos, las disparidades socioeconómicas y la cultura machista favorecen un estado generalizado de violencia en el que la mujer está sometida a una serie continuada de actos múltiples de violencia, como el asesinato, la violación, la violencia en el hogar, el acoso sexual y la explotación sexual comercial”. Mis conversaciones tanto con actores estatales y no estatales, así como los testimonios que he escuchado, revelan que esta realidad sigue siendo fiel reflejo de la situación en El Salvador de hoy.
“De entrada, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al Gobierno de El Salvador por la plena cooperación que me ha brindado. Doy las gracias a mis interlocutores, incluyendo a los funcionarios del Estado, representantes de la sociedad civil, representantes de los organismos de Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales. También estoy especialmente agradecida a las víctimas y los familiares de víctimas de violencia que compartieron sus experiencias personales conmigo.
El objetivo de esta visita, que tiene lugar seis años después de la realizada por mi mandato en el 2004, era examinar el progreso logrado en las recomendaciones formuladas en el informe de la visita anterior y analizar la situación actual de la violencia contra la mujer y la respuesta del Estado para hacer frente a este tipo de violencia.
Si bien reconozco que este Gobierno llegó al poder hace menos de un año, El Salvador ha recorrido un largo camino en la creación de instituciones y la protección de los derechos humanos desde 1992, cuando terminó la guerra civil que duró doce años. Al adherirse a numerosos tratados internacionales de derechos humanos, El Salvador ha demostrado su compromiso por ubicar los derechos humanos en el centro de sus políticas, legislación e instituciones. Esta postura ha sido reiterada por numerosos funcionarios del Estado durante mi misión.
En el área de la violencia contra la mujer, en mis conversaciones se vislumbra la intención del Gobierno de cumplir con sus obligaciones de diligencia debida en la esfera de los derechos humanos tanto a nivel regional como internacional. Indicador de ello son las actuales propuestas de reforma legislativa en el área de la violencia contra la mujer, la igualdad de oportunidades y la promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. En lo que respecta a los instrumentos internacionales, los debates que están teniendo lugar sobre el Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Tratado de Roma también demuestran esta voluntad.
Sin embargo, aunque felicito al Gobierno por estas iniciativas, me preocupan las dificultades significativas que persisten en el área de la violencia contra las mujeres y las niñas. Como señala el informe de mi predecesora, “[…] el hecho de que las autoridades no investiguen, enjuicien y castiguen a los responsables de actos de violencia contra la mujer ha contribuido a crear un clima de impunidad, que se ha traducido en una escasa confianza en el sistema de justicia. La impunidad de los delitos, las disparidades socioeconómicas y la cultura machista favorecen un estado generalizado de violencia en el que la mujer está sometida a una serie continuada de actos múltiples de violencia, como el asesinato, la violación, la violencia en el hogar, el acoso sexual y la explotación sexual comercial”. Mis conversaciones tanto con actores estatales y no estatales, así como los testimonios que he escuchado, revelan que esta realidad sigue siendo fiel reflejo de la situación en El Salvador de hoy.
Me preocupa especialmente el aumento de casos de violencia y las formas que reviste, en particular el aumento alarmante del número de asesinatos de mujeres y niñas y el ensañamiento con sus cuerpos, que a menudo va acompañado de rapto y agresión sexual. Un estudio reciente de ORMUSA indica que los femicidios han pasado de 378 en el 2008 a 570 en el 2009, siendo ésta la cifra más alta de femicidios en los últimos 11 años en el país. Algunas de las personas con las que me he entrevistado describen este fenómeno como reflejo de una “cultura de odio contra la mujer” y como indicador del fracaso del sistema de justicia penal. Otras formas de violencia identificadas que siguen prevaleciendo son la violencia doméstica, el abuso sexual de mujeres, niñas y niños en el hogar y la comunidad, la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo, en particular en el sector de las maquilas y en la esfera doméstica, la violencia ejercida por la policía y la violencia relacionada con la explotación sexual comercial.
Otra área de preocupación es la relativa al hacinamiento y las condiciones insalubres de la cárcel de mujeres que visité. Mientras que en el 2004 el número de detenidas era de 650, en el momento de mi visita había 1344 personas, entre ellas 24 mujeres embarazadas, 25 niñas y 25 niños. Me preocupa asimismo la situación de las mujeres y niñas empleadas domésticas y la de las que trabajan para las maquilas, ya sea en las fábricas o en sus casas, sin contrato – situación que fue descrita por algunos interlocutores y testimonios directos como una forma moderna de “esclavitud”.
Celebro que muchas instituciones se hayan centrado en la prevención y en seguir un modelo de atención contra la violencia. Sin embargo, las cuestiones de rendición de cuentas y de lucha contra la impunidad también forman parte de las obligaciones de diligencia debida del Estado. Las medidas que toma - o deja de tomar- el sector de justicia penal demuestran la existencia - o ausencia- de un compromiso por cumplir, respetar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Durante esta misión, recibí información que señala carencias en la investigación y el enjuiciamiento, así como condenas inadecuadas. Ilustración de ello son varios juicios por casos de aborto. Un caso del que me informaron tanto actores estatales como no estatales es el relativo a una mujer condenada a 30 años pese a que no se hubiera satisfecho la carga de la prueba.
Como señala el informe del 2005, “la tipificación del aborto como delito es discriminatoria principalmente para las mujeres pobres, ya que las mujeres de clase social más alta tienen acceso, según se dice, a otras opciones para resolver el problema de los embarazos indeseados. En la mayoría de los casos de aborto ilegal que llegan a los tribunales, se trata de mujeres jóvenes, pobres, con un bajo nivel de instrucción, que se provocan abortos con métodos peligrosos y en entornos poco higiénicos, lo que hace aumentar las complicaciones médicas y las defunciones”. El conflicto interpretativo entre las cláusulas constitucionales y el Código Penal ha resultado en la tipificación del aborto como delito, lo que tiene un impacto directo en las altas tasas actuales de mortalidad materna y de embarazos de adolescentes, y en consecuencia niega a las mujeres y a las niñas el derecho a ejercer control sobre sus cuerpos y sus vidas.
A la luz de la información recibida durante mi misión, puedo afirmar que las recomendaciones del informe de mi predecesora siguen siendo pertinentes y aplicables. Apoyo y reitero la necesidad de adoptar medidas en los siguientes cinco ámbitos:
Otra área de preocupación es la relativa al hacinamiento y las condiciones insalubres de la cárcel de mujeres que visité. Mientras que en el 2004 el número de detenidas era de 650, en el momento de mi visita había 1344 personas, entre ellas 24 mujeres embarazadas, 25 niñas y 25 niños. Me preocupa asimismo la situación de las mujeres y niñas empleadas domésticas y la de las que trabajan para las maquilas, ya sea en las fábricas o en sus casas, sin contrato – situación que fue descrita por algunos interlocutores y testimonios directos como una forma moderna de “esclavitud”.
Celebro que muchas instituciones se hayan centrado en la prevención y en seguir un modelo de atención contra la violencia. Sin embargo, las cuestiones de rendición de cuentas y de lucha contra la impunidad también forman parte de las obligaciones de diligencia debida del Estado. Las medidas que toma - o deja de tomar- el sector de justicia penal demuestran la existencia - o ausencia- de un compromiso por cumplir, respetar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Durante esta misión, recibí información que señala carencias en la investigación y el enjuiciamiento, así como condenas inadecuadas. Ilustración de ello son varios juicios por casos de aborto. Un caso del que me informaron tanto actores estatales como no estatales es el relativo a una mujer condenada a 30 años pese a que no se hubiera satisfecho la carga de la prueba.
Como señala el informe del 2005, “la tipificación del aborto como delito es discriminatoria principalmente para las mujeres pobres, ya que las mujeres de clase social más alta tienen acceso, según se dice, a otras opciones para resolver el problema de los embarazos indeseados. En la mayoría de los casos de aborto ilegal que llegan a los tribunales, se trata de mujeres jóvenes, pobres, con un bajo nivel de instrucción, que se provocan abortos con métodos peligrosos y en entornos poco higiénicos, lo que hace aumentar las complicaciones médicas y las defunciones”. El conflicto interpretativo entre las cláusulas constitucionales y el Código Penal ha resultado en la tipificación del aborto como delito, lo que tiene un impacto directo en las altas tasas actuales de mortalidad materna y de embarazos de adolescentes, y en consecuencia niega a las mujeres y a las niñas el derecho a ejercer control sobre sus cuerpos y sus vidas.
A la luz de la información recibida durante mi misión, puedo afirmar que las recomendaciones del informe de mi predecesora siguen siendo pertinentes y aplicables. Apoyo y reitero la necesidad de adoptar medidas en los siguientes cinco ámbitos:
a) la creación de una base de datos y de conocimientos con perspectiva de género, incluyendo la creación de una comisión de estadística;
b) la garantía de la protección de las mujeres y niñas mediante reformas en la legislación, en las investigaciones y en el sistema judicial, incluyendo la creación de una unidad especializada en la investigación y enjuiciamiento de femicidios;
c) el fortalecimiento de la infraestructura institucional, incluyendo la asignación de recursos adecuados para permitir la sostenibilidad y la eficacia;
d) el inicio de programas de capacitación y sensibilización adicionales; y
e) la supervisión y cumplimiento de las normas regionales e internaciones de derechos humanos.
Mis conclusiones serán elaboradas de manera más exhaustiva en el informe que presentaré al Consejo de los Derechos Humanos en su 14º periodo de sesiones”.
La Sra. Rashida Manjoo (Sudáfrica) fue nombrada Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en junio de 2009 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por un período inicial de tres años. Como Relatora Especial, es independiente todo Gobierno u organización y sirve en su capacidad individual. La Sra. Manjoo es también Profesora en el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.
Mis conclusiones serán elaboradas de manera más exhaustiva en el informe que presentaré al Consejo de los Derechos Humanos en su 14º periodo de sesiones”.
La Sra. Rashida Manjoo (Sudáfrica) fue nombrada Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en junio de 2009 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por un período inicial de tres años. Como Relatora Especial, es independiente todo Gobierno u organización y sirve en su capacidad individual. La Sra. Manjoo es también Profesora en el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.
Para información adicional sobre el mandato de la Relatora Especial, visite la página Web:
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm OACDH Página por País – El Salvador:
http://www.ohchr.org/EN/countries/LACRegion/Pages/SVIndex.aspx Para más detalles sobre la misión, por favor escriba a: vaw@ohchr.org
(*) Informe de 2004 de la Relatora Especial anterior:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/101/90/PDF/G0510190.pdf?OpenElement
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm OACDH Página por País – El Salvador:
http://www.ohchr.org/EN/countries/LACRegion/Pages/SVIndex.aspx Para más detalles sobre la misión, por favor escriba a: vaw@ohchr.org
(*) Informe de 2004 de la Relatora Especial anterior:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/101/90/PDF/G0510190.pdf?OpenElement
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